La COOPI, patrimonio social de Villa Carlos Paz.

Que las cooperativas de servicios públicos fueron la respuesta a las necesidades sociales de comunidades como la de la villa serrana no es novedad y que las empresas sociales sin fines de lucro son la manera más genuina de participación para vecinas y vecinos también.

Prácticas comprobables en los más de 50 años de trayectoria acumulada hacen que “la copi” ya sea parte de la identidad de la ciudad y un emblema turístico nacional. Con una cultura organizacional del cuidado del medio ambiente, la salud de la población y la educación para garantizar nada menos que el derecho al acceso del agua, este tipo de entidades son además generadoras de empleo genuino y digno de parte de su población.

Ni una trabajadora menos.

Este análisis pretende poner el foco en un aspecto más dentro de las múltiples consecuencias negativas que la desaparición de una empresa de gestión social y solidaria deje de existir. Analizamos la situación de las mujeres trabajadoras y de la relación trabajo feminizado y el sostén que muchas son de varias familias en un contexto de pandemia que hace que el hilo se corte por lo más débil de nuestra sociedad en el mundo.

Actualmente en Córdoba, mujeres, sexualidades disidentes junto a las y los jóvenes engrosan la mayoría de los índices de desempleo y precarización que tiene el Gran Córdoba (casi el 20% en el presente año).

El derecho al trabajo de las personas como derecho humano no es contemplado por el ejecutivo municipal cuando toma una decisión arbitraria, irracional y motivada solamente en argumentos personales y mezquinos. Con la decisión política de sacar la concesión del agua a la entidad arrastra y modifica las vidas de quienes no tendrá lugar en el nuevo formato público o privado, yendo a contramano de lo que la situación mundial exige. Por un lado la incertidumbre y pérdida de su fuente de ingreso sin causas es violencia institucional y, por otro, quienes dirigen y gobiernan deben velar por las personas que representan y no provocar más exclusión, sufrimientos y pobreza.  

Desde el Comité de equidad de Género de Cooperar sabemos que somos las que administramos y reinvertimos activos de nuestro salario de manera tal que se multiplican y forman parte del sostenimiento de otros sectores productivos ligados al buen vivir.  Nos preguntamos: ¿Adónde van estos ingresos que dejan de serlo cuándo quedan solamente en manos de un privado con las lógicas lucrativas del mercado?

Hoy, de un total de 233 del personal necesario que posee la Cooperativa Regional, 70 son mujeres. Esto representa un 30% del cuerpo total permanente de la institución que, por sus especialidades y experiencias operativas, ni el municipio ni otra concesión tomaría pasando a ser simplemente una variable de ajustes de costos. Esto implica que dejarán de ser sostén principal de 27 familias y aportes a otras tantas. Con una antigüedad promedio de 9 años y una edad promedio de 39 años, no sólo dejarán de tener estabilidad laboral y de calidad, sino que sus saberes y experticias se perderían al quedar librados a las leyes de oferta y demanda del sistema informal local basado en la actividad turística que caracterizan a la zona, y que precarizan a trabajadoras de manera indigna sin tener en cuenta los más elementales derechos sociales.

Valor Agregado Cooperativo

Discapacidades, derechos jubilatorios, cupo laboral trans y el acceso a mujeres en cargos y puestos de conducción son filosofía y política de la cooperativa, asegurando la igualdad de oportunidades tanto en la participación de la vida política de asociadas como en la formación y conformación del personal.  Algunas acciones que formaron parte del valor agregado no económico al balance social de esta cooperativa:

• Empoderaron dirigentas cooperativista mujeres como su ex presidenta profesora Edith Manera y su también la vicepresidenta actual Alicia Clérico.

• Adhirió el 25 de noviembre de 2018 al PACTO COOPERATIVO POR LA NO VIOLENCIA DE GÉNERO, una iniciativa de COOPERAR, a través del Comité de Equidad de Género. Esto implicó un fortalecimiento del conocimiento de este problema, la sensibilización de la comunidad y el compromiso activo contra la violencia de género.
  
• A partir de la firma del pacto, se conformó la Comisión de Géneros y Diversidad, que desarrolló un diagnóstico sobre violencias de género en la institución, impulsó espacios de reflexión para trabajadoras y trabajadores y talleres de capacitación para quienes coordinaban. Además, comenzó a trabajar en el desarrollo de un Plan de Acción para informar, sensibilizar, acompañar e intervenir en situaciones de violencias laborales y de género.
  
• Tanto la comisión como el Plan de Acción y Protocolo quedaron institucionalizados a partir de la modificación del convenio colectivo de trabajo que se encuentra en proceso de homologación en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, a partir de que fue debatido y aprobado en asambleas y firmado por la cooperativa y el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (Si.P.O.S Córdoba).

En el convenio se estableció la elaboración de un Acuerdo de Convivencia donde estará incluido el Plan de Acción. El acuerdo es una herramienta de construcción colectiva para definir buenas prácticas laborales, prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias laborales y de género en el ámbito de la COOPI.

A su vez, se incorporó un cupo para que, como mínimo, el 1% de los cargos sean ocupados por personas transgénero, travestis y transexuales; y un cupo para personas con discapacidad del 4%. También se definió que los cargos de coordinación deben estar ocupados en una proporción no inferior al 30% por mujeres y/o identidades disidentes.

Como lo sostiene la Organización internacional del Trabajo, las cooperativas son una ventaja a favor de las mujeres su empoderamiento y la igualdad de género. Ninguna carta orgánica ni resolución municipal puede ir en detrimento de un derecho consagrado por la Constitución Nacional, los tratados internacionales que firman países como el nuestro y tienen rango constitucional, que priorizan el derecho al trabajo como derecho humano.

Desde este Comité tomamos la defensa de la entidad, pero especialmente de estas compañeras advirtiendo que desamparar a cooperativistas es violencia institucional por parte de gobernantes, Concejo Deliberante y el estado mismo, quien por el contrario debiera fortalecer el vínculo asociativo y laboral de las trabajadoras con una perspectiva de género. Desde dimensiones económicas, políticas y sociales exigimos economías justas y no la apuesta a modelos económicos fallidos.

Las gestiones por un mundo real, sostenible, perdurable y justo deben atacar a las bases de las brechas y desigualdades que generan sexismos, machismos, discriminación y explotación. Queremos transformar imaginarios y trabajamos para la eliminación de las violencias. Necesitamos comportamientos y decisiones que tengan en cuenta que la baja de empleo formal en las mujeres es doble o triple estigma, condenarnos a la invisibilidad de estas problemáticas es violencia por omisión y un menoscabo a la integridad de la sociedad toda. Ni una trabajadora cooperativista menos, por más y mejor trabajo inclusivo.

CEGC