La violencia contra las mujeres es la primera causa de invalidez permanente y de muerte, más que los accidentes de tránsito, el cáncer o los conflictos armados, entre las mujeres de 16 a 44 años a nivel mundial.
El dato es alarmante y queda ratificado al ver las cifras de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, según las cuales una mujer es maltratada cada 18 segundos en algún lugar del mundo y al menos una de cada cinco es víctima de violencia dentro del hogar.
En este contexto, es posible afirmar que ya no es un problema exclusivo de la vida privada de la mujer. El Estado debe dar respuestas inmediatas a esta problemática pero para producir un cambio cultural se necesita del compromiso social de todos y todas.
Las organizaciones cooperativas podemos tener un rol protagónico. Por eso y dada la gravedad de la situación actual y conscientes del enorme arraigo local y despliegue territorial que posee nuestro movimiento, el Comité de Equidad de Género de Cooperar está proponiendo un Pacto Cooperativo por la No Violencia de Género.
La iniciativa consiste en la firma de un Acta Compromiso en la que quede de manifiesto cuales son las acciones que puede llevar adelante cada entidad. Cada persona, desde su lugar de trabajo o participación y en el ámbito personal, puede comprometerse activamente en la eliminación de estereotipos y prejuicios que naturalizan la violencia contra la mujer.
Con esta herramienta se busca sumar al movimiento cooperativo en la lucha contra la violencia y al mismo tiempo sensibilizar y comprometer en acciones concretas a las y los asociados de las cooperativas, fomentando un modelo de convivencia basado en el respeto y en la igualdad, donde el centro de todo es la persona.
La ley 26.485 define la violencia contra las mujeres como «toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como también su seguridad personal». Esta definición alcanza a aquellas conductas o acciones «perpetradas desde el Estado o por sus agentes». Desde ésta concepción, el modelo cooperativo es un actor comprometido a la hora de combatir este flagelo social.
